La jerarquía católica más ultraconservadora y reaccionaria aprovecha nuevamente el marco favorable, que les ofrece la dictadura ideológica, que persigue imponernos la derecha, como primera y más directa consecuencia del resultado político de las pasadas elecciones generales, pretendiendo hacernos retroceder a una situación de pérdida o precaria cobertura legal de los derechos conseguidos por la lucha reivindicativa de los activistas sociales durante los últimos treinta años.
Estamos asistiendo consecuentemente a una oleada de manifestaciones derivadas de una estrategia perfectamente ideada y planificada por parte de la jerarquía eclesiástica española con la intención de crear una corriente de opinión favorable, demandante o pasiva ante las contrarreformas involucionistas, que desde el conservadurismo gobernante se quieren utilizar para someter a un retraso social sin precedentes a la inmensa mayoría de la ciudadanía, que desde el progresismo más avanzado desea seguir disfrutando de los logros, que nos han catapultado directamente a la cabeza de los países, promulgadores de legislaciones, que verdaderamente promueven y protegen la igualdad tanto legal como social, fruto de un autentico respeto por los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Uno de los altos dignatarios eclesiásticos, que lamentablemente más ha destacado por sus continuas expresiones descalificantes y discriminatorias y por sus ataques hirientes, es sin lugar a dudas el cabeza visible de la Iglesia Católica en España; puesto que hasta el momento no ha perdido la más mínima ocasión para demostrar su homofobia, sobre todo desde que el gobierno socialista aprobó la ley del matrimonio igualitario, que entró en vigor el 3 de julio de 2005. Desde entonces no ha cejado en su empeño de crear polémica de modo implacable entorno a esta cuestión, abriendo debates, que a estas alturas de desarrollo e implantación en nuestro país de dicha reforma del Código Civil, deberían estar más que zanjados. Los ejemplos más recientes los podemos encontrar en la pasada campaña electoral; en el transcurso de la cual hemos podido escuchar manifestaciones tan escandalosas e irracionales como que el matrimonio gay niega la propia condición humana o que había sido el causante de la crisis económica; o por último, que el amor entre dos personas del mismo sexo es algo antinatural y una banalización.
Estos progresivos y desafiantes pronunciamientos han desencadenado inevitable y recientemente la reacción del mundo asociativo lgtb, que sin ir más lejos, el 12 de diciembre del año pasado anunciaba en los medios de comunicación la decisión de la Federación Valenciana de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de presentar una denuncia por homofobia contra el presidente de la Conferencia Episcopal, en la que acusan al arzobispo de incitar de forma clara y manifiesta a la marginación y al odio hacia los homosexuales, considerando que las declaraciones expresadas por Rouco Varela en sucesivas ocasiones son constitutivas de delito de intolerancia, tipificado en el artículo 510.2 del Código Penal, como cometido contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución Española en vigor.
No debemos olvidar, además, que el conocido como Código Penal de la Democracia, aprobado en 1995, aporta los elementos necesarios para una persecución y sanción de esta conducta infraccional, culpable de atentar contra uno de los derechos de primera generación, inherentes al ser humano, y que están especialmente vinculados a su dignidad. Por lo que, a pesar de ser reprobada por la inmensa mayoría de la ciudadanía, defensora de la convivencia respetuosa con la diversidad afectivosexual en el ámbito político, legal, y social, resulta llamativa la falta de aplicación de esta regulación sobre los comportamientos y actitudes de los miembros de estos grupos de poder institucionalizados, que acaban beneficiándose de una situación de evidente e incompresible impunidad, y que terminan por degenerar en numerosas ocasiones en acciones de extrema violencia verbal y física.
A modo de conclusión, sólo me resta hacer hincapié en la urgente necesidad, de que caiga todo el peso de la ley sobre esta mal intencionada cruzada, fruto de la intransigente postura mantenida por el conjunto de la actual cúpula dirigente de la Iglesia Española, que se ve alentada, reforzada y confirmada por la Jerarquía Eclesiástica, que desde el Vaticano con el Papa Benedicto XVI al frente sigue condenando la homosexualidad, siendo la consecuencia más inmediata y directa de esta doctrina religiosa, el profundo y rotundo rechazo y desprecio social sufrido todavía en el presente, por quienes disfrutan de dicha orientación, originado por quienes tienen la misión de gobernar en la fe y guiar en las cuestiones morales y de vida cristiana a los fieles católicos, a los que tienen la obligación de predicar con el ejemplo el amor al prójimo.
