SOBRE PEDRO ALBERTO CRUZ Y EL TURISMO GAY

El cinismo y la hipocresía del Partido Popular autonómico no tienen límites. Como lo demuestra la última ocurrencia del consejero de Turismo, que tiene el valor de anunciar su intención de promover y apoyar en nuestra región el turismo generado por dicho colectivo, cuando no ha tenido la valentía de pronunciarse respecto al recurso de inconstitucionalidad, que cuestiona el reconocimiento legal del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Este silencio convierte a esta fuerza política conservadora en cómplice a nivel regional de la amenaza de recorte de derechos adquiridos por las personas pertenecientes a dicho sector de la población, que supone el llamado “recurso de la vergüenza” como ha sido calificado por todas las organizaciones LGTB defensoras de la diversidad afectivo-sexual. 

Resulta totalmente imperdonable la actitud esquizofrénica manifestada por los dirigentes del Partido Popular murciano hacia los potenciales consumidores de ofertas turísticas especialmente pensadas y diseñadas para ajustarse a las necesidades específicas del público lgtb, que fue puesta en evidencia por Pedro Alberto Cruz, que realizó la siguiente declaración de principios durante su intervención en la mesa redonda sobre Políticas de Inclusión y no Discriminación LGBT celebrada en la última edición de Fitur, en la que destacó la importancia de promocionar el turismo gay como un eje prioritario para potenciar dicho sector económico y como fenómeno social favorecedor de la integración de todas las personas pertenecientes dicho colectivo. 

Como activista progresista, en el empeño de proteger la igualdad de oportunidades y la equidad social me veo también en la penosa obligación de poner de manifiesto mis dudas justificadas hacia sus dudosas intenciones; ya que hasta la fecha, la única preocupación, que ha demostrado sentir el consejero Cruz, al igual que el resto del Gobierno Regional por el colectivo lgtb es la de no perder la ocasión de hacerse la foto, buscando la forma de conseguir protagonismo a costa de los movimientos asociativos organizados, que representan y defienden los intereses de las minorías sociales o culturales y de los segmentos de población más desprotegidos y por tanto también más dependientes del favor institucional. 

Una campaña ideada para promover el turismo lgtb no debería estar enfocada exclusivamente en promover el consumo de productos de entretenimiento y diversión destinados a ocupar el tiempo dedicado al ocio en los periodos de descanso vacacional, fines de semana y días festivos, que solo consiguen eternizar los estereotipos, con los que tanto parecen identificarse el consejero, como confirma su empeño en potenciar como uno de los exponentes máximos de integración sociocultural los atractivos, que ofrece el mundo de la noche centrado en los locales y establecimientos de ambiente especialmente nocturno, a los que el consejero anima a promocionarse como atractivos para el cliente lgtb, pero a los que no se les facilita o subvenciona desde la Consejería competente ningún soporte adecuado para realizar de forma optima dicha recomendación de difusión pública. 

Lo que verdaderamente hace falta, y por tanto pido encarecidamente, para que las personas LGTB de toda España se sientan seducidas por la idea de venir y disfrutar de los innumerables atractivos de nuestra Comunidad Autónoma, es un auténtico cambio de política, respecto a la llevada a cabo hasta ahora, que pase por apoyar y rescatar del olvido y del ostracismo al mundo asociativo regional, que ha padecido una cobertura y apoyo a nivel regional prácticamente nulo hasta la fecha. 

No es de recibo, esgrimir como excusa los sangrante recortes presupuestarios, que estamos padeciendo para no apostar de una forma decidida y definitiva por la vía del diálogo permanente con el movimiento asociativo LGTB, que es el que conoce, sin lugar a dudas, mejor que nadie las prioridades y las necesidades, de todo tipo, que presenta la defensa de la diversidad afectivo-sexual. 

Si el Consejero de Turismo desea realmente conquistar al público gay, no estaría mal que, de forma rotunda e inequívoca, pidiera públicamente al Partido Popular que retire el recurso de inconstitucionalidad, que presentaron contra la Ley del Matrimonio entre personas del mismo sexo. 

EL MOVIMIENTO LGTB PERSIGUE AL CARDENAL ROUCO VARELA POR SU HOMOFOBIA

La jerarquía católica más ultraconservadora y reaccionaria aprovecha nuevamente el marco favorable, que les ofrece la dictadura ideológica, que persigue imponernos la derecha, como primera y más directa consecuencia del resultado político de las pasadas elecciones generales, pretendiendo hacernos retroceder a una situación de pérdida o precaria cobertura legal de los derechos conseguidos por la lucha reivindicativa de los activistas sociales durante los últimos treinta años. 

Estamos asistiendo consecuentemente a una oleada de manifestaciones derivadas de una estrategia perfectamente ideada y planificada por parte de la jerarquía eclesiástica española con la intención de crear una corriente de opinión favorable, demandante o pasiva ante las contrarreformas involucionistas, que desde el conservadurismo gobernante se quieren utilizar para someter a un retraso social sin precedentes a la inmensa mayoría de la ciudadanía, que desde el progresismo más avanzado desea seguir disfrutando de los logros, que nos han catapultado directamente a la cabeza de los países, promulgadores de legislaciones, que verdaderamente promueven y protegen la igualdad tanto legal como social, fruto de un autentico respeto por los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

Uno de los altos dignatarios eclesiásticos, que lamentablemente más ha destacado por sus continuas expresiones descalificantes y discriminatorias y por sus ataques hirientes, es sin lugar a dudas el cabeza visible de la Iglesia Católica en España; puesto que hasta el momento no ha perdido la más mínima ocasión para demostrar su homofobia, sobre todo desde que el gobierno socialista aprobó la ley del matrimonio igualitario, que entró en vigor el 3 de julio de 2005. Desde entonces no ha cejado en su empeño de crear polémica de modo implacable entorno a esta cuestión, abriendo debates, que a estas alturas de desarrollo e implantación en nuestro país de dicha reforma del Código Civil, deberían estar más que zanjados. Los ejemplos más recientes los podemos encontrar en la pasada campaña electoral; en el transcurso de la cual hemos podido escuchar manifestaciones tan escandalosas e irracionales como que el matrimonio gay niega la propia condición humana o que había sido el causante de la crisis económica; o por último, que el amor entre dos personas del mismo sexo es algo antinatural y una banalización. 

Estos progresivos y desafiantes pronunciamientos han desencadenado inevitable y recientemente la reacción del mundo asociativo lgtb, que sin ir más lejos, el 12 de diciembre del año pasado anunciaba en los medios de comunicación la decisión de la Federación Valenciana de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de presentar una denuncia por homofobia contra el presidente de la Conferencia Episcopal, en la que acusan al arzobispo de incitar de forma clara y manifiesta a la marginación y al odio hacia los homosexuales, considerando que las declaraciones expresadas por Rouco Varela en sucesivas ocasiones son constitutivas de delito de intolerancia, tipificado en el artículo 510.2 del Código Penal, como cometido contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución Española en vigor. 

No debemos olvidar, además, que el conocido como Código Penal de la Democracia, aprobado en 1995, aporta los elementos necesarios para una persecución y sanción de esta conducta infraccional, culpable de atentar contra uno de los derechos de primera generación, inherentes al ser humano, y que están especialmente vinculados a su dignidad. Por lo que, a pesar de ser reprobada por la inmensa mayoría de la ciudadanía, defensora de la convivencia respetuosa con la diversidad afectivosexual en el ámbito político, legal, y social, resulta llamativa la falta de aplicación de esta regulación sobre los comportamientos y actitudes de los miembros de estos grupos de poder institucionalizados, que acaban beneficiándose de una situación de evidente e incompresible impunidad, y que terminan por degenerar en numerosas ocasiones en acciones de extrema violencia verbal y física. 

A modo de conclusión, sólo me resta hacer hincapié en la urgente necesidad, de que caiga todo el peso de la ley sobre esta mal intencionada cruzada, fruto de la intransigente postura mantenida por el conjunto de la actual cúpula dirigente de la Iglesia Española, que se ve alentada, reforzada y confirmada por la Jerarquía Eclesiástica, que desde el Vaticano con el Papa Benedicto XVI al frente sigue condenando la homosexualidad, siendo la consecuencia más inmediata y directa de esta doctrina religiosa, el profundo y rotundo rechazo y desprecio social sufrido todavía en el presente, por quienes disfrutan de dicha orientación, originado por quienes tienen la misión de gobernar en la fe y guiar en las cuestiones morales y de vida cristiana a los fieles católicos, a los que tienen la obligación de predicar con el ejemplo el amor al prójimo. 

LA POLEMICA ESTA SERVIDA

Puede un miembro de la Casa Real opinar a favor o en contra, posicionándose con respecto a una realidad social, que afecta o preocupa a un determinado sector de la población o al marco legal, que la protege, favorece o regula, aunque solamente sea para manifestar el alcance e importancia de dicha realidad o de su protección legal.

Esta cuestión, que en principio no debería tener mayor relevancia en una sociedad supuestamente madura democráticamente, como la española, suscita una enconada controversia, como ha acontecido últimamente en determinados ámbitos, que defienden posturas opuestas sobre temas que generan todavía actualmente una encendida polémica, cuando se confunde el acatamiento de la legislación vigente y el respeto a las ideas, que subyacen y propiciaron la aprobación de la misma y a los colectivos, que se benefician de ella; con el derecho de todo ciudadano dentro de la legalidad vigente a apoyar o discrepar de la totalidad o parte de dicho cuerpo legal, manifestando públicamente su acuerdo o desacuerdo. 

Recientemente hemos sido testigos de cómo la ley, que modificando el Código Civil, permite el matrimonio igualitario, es decir el celebrado entre personas del mismo sexo ha despertado reacciones opuestas entre detractores y defensores, como consecuencias de las declaraciones de sendos miembros de la Familia Real. 

Las primeras fueron realizadas por la reina Sofía y aparecieron en el libro La Reina muy de cerca de Pilar Urbano, en cuyo interior se manifiesta no rechazando la unión entre homosexuales, pero sí que se le denomine "matrimonio". 

La repuesta no se hizo esperar, ya que La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) pidió de forma inmediata una rectificación a la Casa Real por lo que consideran una “salida de tono intolerable" de la reina, según manifestó su presidente, Antonio Poveda, quien calificó de "inaudito" que la Casa Real se manifieste sobre asuntos sociales y advirtió de que "están cuestionando al Parlamento y a las instituciones democráticas". 

El pasado 13 de Diciembre apareció en varios medios de comunicación la siguiente noticia: La Asociación Nacional de La Asociación Nacional de Abogados Cristianos(AEAC) ha enviado una carta a la Casa del Rey solicitando una aclaración, además de una rectificación pública por las consideraciones expresadas por la princesa Letizia en petit comité en relación con el matrimonio igualitario, prohibido actualmente en Chile, tras haberle sido presentado el escritor Pablo Simonetti, presidente de la Fundación Iguales, que vela por los derechos de los homosexuales; durante un acto oficial en su reciente visita a Chile, en el que comentó: “que estaba muy contenta con una España que respeta los derechos de las personas y que considera a todos sus ciudadanos como iguales. Aseguró además que en España este derecho "es para todos" y está "ya arraigado" y que "Conviven todos sin ningún problema" en el país.

Dicho colectivo cristiano no sólo piensa que Letizia frivolizó con el tema, sino que lamenta que sus declaraciones “fueran manifestadas en un viaje oficial sufragado por todos los españoles” y muestran además su indignación por las mismas, afirmando que España es un país de profundas raíces cristianas y que el matrimonio homosexual fue aprobado por el gobierno socialista sin que estuviera en su programa electoral y sin ningún tipo de referéndum, que no forma parte de la cultura del país y que no se encuentra arraigado en España, pues han sido aprobado recientemente no sin polémica, como lo demuestra el hecho, de que casi dos millones de españoles salieran a la calle en una manifestación el 18 de junio de 2005 para reivindicar que el matrimonio consiste en la unión de un hombre y una mujer.