Puede un miembro de la Casa Real opinar a favor o en contra, posicionándose con respecto a una realidad social, que afecta o preocupa a un determinado sector de la población o al marco legal, que la protege, favorece o regula, aunque solamente sea para manifestar el alcance e importancia de dicha realidad o de su protección legal.
Esta cuestión, que en principio no debería tener mayor relevancia en una sociedad supuestamente madura democráticamente, como la española, suscita una enconada controversia, como ha acontecido últimamente en determinados ámbitos, que defienden posturas opuestas sobre temas que generan todavía actualmente una encendida polémica, cuando se confunde el acatamiento de la legislación vigente y el respeto a las ideas, que subyacen y propiciaron la aprobación de la misma y a los colectivos, que se benefician de ella; con el derecho de todo ciudadano dentro de la legalidad vigente a apoyar o discrepar de la totalidad o parte de dicho cuerpo legal, manifestando públicamente su acuerdo o desacuerdo.
Recientemente hemos sido testigos de cómo la ley, que modificando el Código Civil, permite el matrimonio igualitario, es decir el celebrado entre personas del mismo sexo ha despertado reacciones opuestas entre detractores y defensores, como consecuencias de las declaraciones de sendos miembros de la Familia Real.
Las primeras fueron realizadas por la reina Sofía y aparecieron en el libro La Reina muy de cerca de Pilar Urbano, en cuyo interior se manifiesta no rechazando la unión entre homosexuales, pero sí que se le denomine "matrimonio".
La repuesta no se hizo esperar, ya que La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) pidió de forma inmediata una rectificación a la Casa Real por lo que consideran una “salida de tono intolerable" de la reina, según manifestó su presidente, Antonio Poveda, quien calificó de "inaudito" que la Casa Real se manifieste sobre asuntos sociales y advirtió de que "están cuestionando al Parlamento y a las instituciones democráticas".
El pasado 13 de Diciembre apareció en varios medios de comunicación la siguiente noticia: La Asociación Nacional de La Asociación Nacional de Abogados Cristianos(AEAC) ha enviado una carta a la Casa del Rey solicitando una aclaración, además de una rectificación pública por las consideraciones expresadas por la princesa Letizia en petit comité en relación con el matrimonio igualitario, prohibido actualmente en Chile, tras haberle sido presentado el escritor Pablo Simonetti, presidente de la Fundación Iguales, que vela por los derechos de los homosexuales; durante un acto oficial en su reciente visita a Chile, en el que comentó: “que estaba muy contenta con una España que respeta los derechos de las personas y que considera a todos sus ciudadanos como iguales. Aseguró además que en España este derecho "es para todos" y está "ya arraigado" y que "Conviven todos sin ningún problema" en el país.
Dicho colectivo cristiano no sólo piensa que Letizia frivolizó con el tema, sino que lamenta que sus declaraciones “fueran manifestadas en un viaje oficial sufragado por todos los españoles” y muestran además su indignación por las mismas, afirmando que España es un país de profundas raíces cristianas y que el matrimonio homosexual fue aprobado por el gobierno socialista sin que estuviera en su programa electoral y sin ningún tipo de referéndum, que no forma parte de la cultura del país y que no se encuentra arraigado en España, pues han sido aprobado recientemente no sin polémica, como lo demuestra el hecho, de que casi dos millones de españoles salieran a la calle en una manifestación el 18 de junio de 2005 para reivindicar que el matrimonio consiste en la unión de un hombre y una mujer.
