Como cada seis de diciembre, los medios de comunicación nos recuerdan lo importante que fue el periodo de la transición democrática, el papel que desempeñó el Rey Juan Carlos I y el expresidente Suárez en el fallido golpe de Estado del 23F, pero... en este trigésimo quinto aniversario, el cuento de hadas ha cambiado y nos muestran un país cabreado con la monarquía parlamentaria, la clase política y esa "crisis" que, a estas alturas, ya no tiene padre a quien repudiar. El español común, ese que está desempleado, sin ninguna prestación social, con la amenaza de embargo por no poder pagar la hipoteca, con unos padres jubilados y pensionistas que mantienen a hijos y nietos, hijos adolescentes que saben que la LOMCE no les garantiza un empleo, con unos servicios públicos mermados, casi residuales, se caga en la puta que parió a estas sanguijuelas que han truncado toda una vida de trabajo y esperanzas, le ha arrebatado todo vestigio de dignidad, y su único fin es la más glaciar de las miserias.
No cabe duda de que a medida que se acrecienta la profundidad de esta crisis económica, mayor es el grado de restricción de nuestros derechos fundamentales y de las libertades públicas recogidos en nuestra Carta Magna, la cual se ha convertido en papel mojado gracias al Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, los cuales han hecho y deshecho a su antojo y por eso ha perdido su sentido. Julio Anguita, antiguo dirigente del PCE y de IU, manifiesta en su libro Contra la ceguera. Cuarenta años luchando por una utopía, que sólo gobernando contra los poderes económicos, contra Botín, contra Endesa, contra Gas Natural, se puede dar un salto de calidad en esta sociedad. Pero para eso, para salir de la crisis, hay dos opciones: "O nos morimos en la camita y poquito a poco nos vamos durmiendo, o vamos a la mesa de operaciones. Que nos morimos dulcemente, pues ¡ea!, nos morimos. Pero no protestéis eh, por favor, no protestéis. Que no sea la protesta de los resignados en los bares. Eso me molesta mucho, mejor estar callados".
No cabe duda de que a medida que se acrecienta la profundidad de esta crisis económica, mayor es el grado de restricción de nuestros derechos fundamentales y de las libertades públicas recogidos en nuestra Carta Magna, la cual se ha convertido en papel mojado gracias al Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, los cuales han hecho y deshecho a su antojo y por eso ha perdido su sentido. Julio Anguita, antiguo dirigente del PCE y de IU, manifiesta en su libro Contra la ceguera. Cuarenta años luchando por una utopía, que sólo gobernando contra los poderes económicos, contra Botín, contra Endesa, contra Gas Natural, se puede dar un salto de calidad en esta sociedad. Pero para eso, para salir de la crisis, hay dos opciones: "O nos morimos en la camita y poquito a poco nos vamos durmiendo, o vamos a la mesa de operaciones. Que nos morimos dulcemente, pues ¡ea!, nos morimos. Pero no protestéis eh, por favor, no protestéis. Que no sea la protesta de los resignados en los bares. Eso me molesta mucho, mejor estar callados".
Muchos señalan al Tratado de Maastricht como el origen del mal. Esa unión europea utópica ha sufrido una metamorfosis: ahora es la Europa de los mercaderes, lo que quiere decir que cualquier gobierno legítimo baila al son de los mercados financieros. Primera derrota de la democracia. Ya no se habla de una Europa solidaria, la Europa de los pueblos, sino la Europa que ha diseñado Alemania para su propio beneficio. Es curioso que solo muy poca gente se acuerde ahora del Tratado de Maastricht, cuando es en él donde se encuentra el origen de los problemas que tiene ahora la Unión Europea. A base de muchas mentiras se está haciendo creer a la gente que lo que le sucede a los países que sufren las mayores perturbaciones es que han realizado mucho gasto público social y que eso ha aumentado hasta niveles insoportables el peso de la deuda pública, de donde deducen la exigencia de llevar a cabo políticas de austeridad basadas en el recorte de derechos y prestaciones sociales. La realidad es otra bien distinta: lo que verdaderamente ha hecho que crezca la deuda pública (además del impacto más reciente de la crisis financiera internacional y la subsiguiente caída en los ingresos públicos) no ha sido el incremento del gasto público primario (es decir, el asociado a gastos corrientes o de inversión), sino el dedicado a pagar intereses y la deuda que ha ido siendo necesaria para afrontar la deuda anterior. El lado positivo de Maastricht es que demuestra el origen ilegítimo que ha tenido la deuda que injustamente se hace recaer sobre los pueblos europeos. Y, por lo tanto, la primera razón para auditarla en toda Europa y repudiarla cuanto antes.
El debate entre monarquía y república vuelve a surgir con mayor interés debido al caso "Noos" y los deslices del Rey. Lo cierto es que el sistema republicano no ha tenido tradición en España, y los dos intentos fueron fallidos. La república no es sólo que no haya un rey o que la bandera sea tricolor, la república es un proyecto político que tiene una historia. Los ciudadanos deben ser conscientes de sus derechos y sus deberes, por tanto, parte activa del sistema. Sin que eso exista, no habrá una república en España.
¿Somos todos iguales ante la ley? (art. 14) Si eres infanta, te libras de los juicios. Si eres la mujer de un consejero, te saltas la lista de espera de un hospital público y el mismo día te operan de una hernia discal. Si tienes pasta, alargas el juicio hasta que el delito prescriba. De lo contrario, no se explica que se vean tantos "chorizos" en la calle y tantos pobres infelices en la cárcel.
¿Somos todos iguales ante la ley? (art. 14) Si eres infanta, te libras de los juicios. Si eres la mujer de un consejero, te saltas la lista de espera de un hospital público y el mismo día te operan de una hernia discal. Si tienes pasta, alargas el juicio hasta que el delito prescriba. De lo contrario, no se explica que se vean tantos "chorizos" en la calle y tantos pobres infelices en la cárcel.
El proyecto de soberanía de Cataluña ha vuelto a resucitar los viejos miedos del pasado. Las diferencias territoriales ponen en tela de juicio el sistema de las autonomías. ¿Cómo contentar a 17 comunidades autónomas, con su propia idiosincrasia, y, en algunos casos, su propia lengua oficial? El PSOE plantea una reforma en clave federal que delimite las competencias del Estado y de las comunidades autónomas. Más allá de la oposición que generaría en el PP, me parece una iniciativa ambigua. No se sabe si se trata de un federalismo pluralista, respetuoso de la diversidad nacional, o si se trata de un federalismo centralizador, más cercano a propuestas como las de UPyD. Más interesante resulta su propuesta de reforzar constitucionalmente el papel de los derechos sociales. Pero en este caso el problema es de credibilidad ¿Cómo pretende apuntalar los derechos sociales una fuerza política que consintió la constitucionalización de las actuales políticas de austeridad?
Dos años de gobierno del Partido Popular... ¡Cuánto ha cambiado este país!:
El Ministro Wert sacó adelante la LOMCE contra viento y marea, con el único apoyo de la bancada del PP en el Congreso de los Diputados, sin consenso de los miembros del sistema educativo. La esencia de esta ley: "trabajo, esfuerzo y estudio", como si fuera un mantra. Cuando el informe PISA nos coloca en el 34 del ranking, el Ministro Wert saca pecho y le viene de perlas para justificar la LOMCE. Pero lo que calla el Ministro Wert y los suyos es que el informe PRISA también concluye que:
- España tiene una alta equidad educativa, aunque la brecha es cada vez mayor.
- El nivel de los padres afecta en gran medida en el rendimiento de los alumnos.
- En España los repetidores superan la media de la OCDE y la UE.
- La diferencia entre centro público y privado no es tanta como puede parecer.
- Cuanto mayor es el índice sociocultural y económico del alumno, mejores son los resultados.
El art 27, que garantiza un control y gestión de los centros públicos, la ‘ley Wert’ se los carga de un plumazo, quedando la gestión de estos centros como un florero. Hubiera sido preferible emular el modelo educativo filandés en vez de aprobar una ley sin respaldo presupuestario. Y así nació la "marea verde", por una escuela pública, gratuita, laica y de calidad.
Decía Maríano Rajoy: "No daré dinero público para ayudar a los bancos". "Garantizaré siempre el poder adquisitivo de las pensiones, cumpliré la ley de 1998". "No vamos a reducir las prestaciones por desempleo". "No subiré los impuestos, los bajaré". "No habrá copago en sanidad". "La reforma laboral del PSOE ha abaratado el despido". "Yo no soy como usted, señor Rubalcaba, lo que no llevo en mi programa no lo haré". "El PP se compromete a que educación, sanidad y pensiones jamás se verán afectadas por la crisis económica".
Después de dos años de flagrantes incumplimientos, desmintiéndose a sí mismo con la mayor subida de impuestos de la democracia y los recortes en sanidad y educación como gran estrella —el Gobierno admite la destrucción de hasta 380.000 empleos públicos, muchos en estos dos sectores—, ahora, aseguran, es cuando van a intentar empezar a cumplir su programa, y confían en que ese mensaje cale antes de las elecciones de 2015.
Toda la campaña giró en torno a los recortes de Rajoy, que él siempre negó. "Les propongo que trabajemos juntos para poder preservar la educación, la sanidad, las pensiones", dijo el entonces candidato mirando fijamente a las cámaras de televisión. En las entrevistas y mítines de esos días, Rajoy insistió en que no habría copago, no se tocaría sanidad y educación y, sobre todo, se cumpliría la ley y se revalorizarían las pensiones todos los años. Los jubilados que suelen llenar los mítines aplaudían con entusiasmo. Rajoy cumplió su promesa de no congelar las pensiones, pero no la de revalorizarlas. No lo hizo en 2012. Ahora ha cambiado la ley para que nunca tengan que revalorizarse con el IPC, algo que tampoco iba en su programa.
Rajoy prometió la despolitización de todos los organismos. Pero el Poder Judicial sigue cerrándose como siempre entre los partidos. Además, el PP llenó las empresas públicas de personas muy vinculadas a este partido. Incluso lo hizo en organismos reguladores como la CNMV o en el Defensor del Pueblo. Y al frente del Constitucional, un prestigioso jurista pero militante del PP.
Más polémico fue aún el control absoluto de RTVE. Rajoy, después de que el PP criticara la parcialidad de una televisión presidida por una persona que él había pactado con Zapatero, cambió la ley para poder nombrar al presidente de RTVE con su mayoría absoluta. Una de las grandes reformas de Zapatero se esfumó así tal vez para siempre.
Pero sobre todo Rajoy ha incumplido, al menos de momento, su principal promesa y mensaje electoral: no logró bajar el paro. Desde que él llegó, subió en un millón de personas hasta la fatídica cifra de los seis millones, ahora rebajada tras el verano. Esa es la única promesa que aún está a tiempo de cumplir —dejar menos paro del que encontró—, pero pocos en el PP confían en lograrlo antes de las próximas elecciones.
El estallido del escándalo de los papeles de Bárcenas que reflejan la contabilidad del PP, los últimos episodios del caso Urdangarin, la sentencia del caso Malaya o el caso de los ERE, que pone bajo sospecha la gestión del sindicato UGT en Andalucía, entre otros muchos asuntos, tienen un gran impacto en la percepción de la corrupción en España. Según el ranking global que publica la ONG Transparencia Internacional, España ha caído 10 puestos (de la posición 30 a la 40 en tan solo un año), por detrás de Brunei y Polonia, y justo delante de Cabo Verde. En este indicador, realizado a partir de una macro-encuesta realizada a expertos, España cede seis puntos con respecto al año pasado, de los 65 (sobre un máximo de 100) a los 59.
Jesús Sánchez Lambás, abogado y vicepresidente segundo de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, ha alertado de las consecuencias de la percepción de la corrupción en España para la recuperación económica y la inversión extranjera. "Los países que presentan mayores índices de corrupción representan mayor riesgo país". Sánchez Lambás también ha criticado que la tras la aprobación de la Ley de Transparencia no se hayan puesto en marcha "acciones de formación y capacitación a funcionarios", quienes deberán incorporar la ley a sus funciones, y ha parafraseado al Conde de Romanones para mostrar su desconfianza hacia el desarrollo administrativo de la Ley de Transparencia: "Haga usted la ley, que yo hago el reglamento".
Sobre esta norma, Villoria ha destacado que el Consejo de Transparencia que contempla no es un órgano independiente. Sin embargo, el presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, ha pedido "explotar" la ley "pidiendo información" y ha sido optimista dado que "ahora tenemos jueces más beligerantes" con la corrupción y el trabajo de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal).
"En España, todos los sectores, incluyendo los partidos políticos, la Familia Real y las empresas, estaban implicados en casos de corrupción en un momento en el que el país está sufriendo", explica Anne Kock, directora para Europa y Asia Central de Transparencia Internacional. "Lo que la crisis económica ha hecho es permitir un mayor debate público sobre la corrupción. La situación está más expuesta y eso afecta a las percepciones".
El 29 de noviembre 2013, el Consejo de Ministros aprobó el borrador del anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, la bautizada como ley mordaza, que ha presentado el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. La intención está clara: acabar con el derecho de manifestación y de libertad de expresión para seguir robando. "Para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo", afirma Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. Así lo ponía de manifiesto el propio Jefe Superior de la Policía valenciana, Antonio Moreno, cuando mandó cargar duramente contra "el enemigo", que en ese momento para él eran los jóvenes que protestaban en defensa de la Educación Pública durante la llamada Primavera Valenciana. La mayoría de personas que protestan no cometen delitos penales, por eso, para ellos, "se impone ahora el derecho administrativo del enemigo".
Según establece el anteproyecto, los escraches de la PAH frente a las viviendas de representantes políticas, las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones tales como el Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser castigadas con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros. Ya empezado a denominarse como "ley mordaza". O #LeyAnti15M, como ha sido bautizada en Twitter por miles de usuarios.
Con el pretexto de la seguridad, y según una perspectiva autoritaria, el Gobierno criminaliza determinadas formas de protesta social que los ciudadanos usan para expresar su malestar con los recortes sociales. El PP estaría intentando castigar a los ciudadanos que protestan fuera de las leyes penales, pues los tribunales no son tan contundentes como le gustaría, y utilizar para ello las faltas administrativas. Cuando el ciudadano quiera defenderse ahí deberá pagar unas tasas desorbitadas, que muchos no podrán pagar.
La norma recuerda a las peores épocas de la represión franquista; supone "un ataque directo" a los modus operandi y las nuevas formas de protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M hace dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes sociales o las protestas en torno al Congreso. Se criminaliza no solo la protesta sino también la difusión. Es un claro atentado contra el derecho de manifestación.
La regulación del derecho de huelga ha vuelto al primer plano político tras el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en RNE de que ha encargado al Ministerio de Empleo que estudie una ley de servicios mínimo. En España, hoy en día existe una la ley de huelga, regulada por un real-decreto de 1977 anterior a la aprobación de la Constitución. La Carta Magna recoge el derecho a la huelga como un derecho fundamental que, como el resto, debe ser desarrollado por una ley orgánica. Sin embargo, en todo este tiempo no se ha aprobado esta ley. En 1993 hubo un intento, frustrado por el adelanto electoral. El PP y la patronal ven necesaria esa norma impulsada por el presidente del Gobierno. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicaba quela intención del Ejecutivo es "definir un marco jurídico que asegure el anverso de ese derecho, que es el que tienen los ciudadanos a recibir servicios públicos esenciales".
Es decir, imponer por ley unos servicios mínimos que neutralicen los efectos de una huelga y que el derecho de huelga se transforme en algo simbólico. Como véis, he aquí otra perla del Partido Popular y su idea de democracia "autoritaria".
Si hacemos cuentas, el Gobierno de la Nación se ha "cepillado" o se "cepillará" en breve los siguientes artículos de la Constitución:
- art. 20 (libertad de expresión) con la ley que aprobó para RTVE.
- art. 21 (derecho de reunión) con el borrador de la "ley mordaza".
- art. 27 (derecho a la educación) con la "ley Wert": supone la muerte de los centros públicos, de la universidad pública y la ruptura de la igualdad de oportunidades.
- El derecho a huelga (art. 28), con ese estudio para regular los servicios mínimos. Tiempo al tiempo.
- art. 35 (derecho y deber de trabajar), con la reforma laboral y la que vendrá en camino. Flexibilidad quiere decir que un trabajador percibe un sueldo miserable a cambio de un contrato temporal.
- art. 41 (Seguridad Social) y 43 (protección de la salud), pues con los recortes, se está desmantelando el sistema sanitario universal, se está mercantilizando los servicios sanitarios y se discrimina a los inmigrantes sin papeles.
- art. 47 (derecho a la vivienda), gracias a la especulación inmobiliaria, miles de ciudadanos se ven privados de una vivienda digna.
- art. 48 (participación de la juventud), con la LOMCE, la tasa de paro por las nubes, y sin perspectivas de futuro, se está condenando a las nuevas generaciones de este país a la emigración o al ostracismo.
- art. 49 (atención a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos), con la ausencia de presupuesto para el correcto cumplimiento de la "Ley de Dependencia".
- art. 50 (tercera edad), con pensiones menguadas, obligando a las personas mayores a vivir bajo el umbral de la pobreza.
La única reforma que necesita España es una revolución social que ponga cada cosa en su sitio, es decir, que se cumpla artículo por artículo nuestra Carta Magna, siempre al servicio del bien común, del ciudadano. Y este capítulo de nuestra historia, los movimientos sociales tienen la clave para un dulce final.
