EL CENTENAR DE LA PAH MURCIANA

PARTE I

El viernes, 25 de enero, un grupo de cincuenta intrépidos y valientes ciudadanos convocados conjuntamente por las PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de Murcia y Lorquí, se congregaron en la calle Rosales, Nº 35, sita en Lorquí, dispuestos a frenar un nuevo, abusivo e inaceptable desahucio, el número 100.

Actividad que concluyó con la felicitación mutua y gritando un entonado y emocionado ¡SI SE PUEDE…!, coreado por todos los participantes del acto reivindicativo, que culminó con una explosión de júbilo desbordado e incontenible, que atravesó el nudo formado por la excitación en nuestras gargantas, cuando se logró frenar el desalojo.

Generosos activistas armados de optimismo, que entregan altruistamente su posesión más valiosa, su tiempo y ponen a disposición, de una de las causas más nobles, positivas y productivas, que conozco, su espíritu de lucha, sus extensos y renovados conocimientos legales y sus limitados medios de transporte al servicio de un objetivo común: paralizar una nueva acción hipotecaria.

Actuación lícita, pero dolorosa y trágicamente injusta, que por sentencia procesal, condena en la actualidad a la desoladora pena del desalojo forzoso a núcleos completos de convivencia, que se ven arrojados a situaciones de desamparo, que ponen en riesgo su supervivencia como unidad básica de la estructura social, al verse desterrados del hábitat domestico, que reúne las condiciones mínimas imprescindibles para garantizar su subsistencia.

Existencia precaria sustentada en el peor de los casos por un auxilio social benéfico, que convierte en soberbia y prepotente caridad las migajas recibidas periódicamente tras largas colas, que conducen de vuelta a una fría casa, en la que las paredes que un día fueron verde brillante se han teñido de un gris húmedo, cada vez más ennegrecido y donde el anhelado, merecido y luminoso calor natural o artificial resplandece y ciega con su ausencia. Pero que es sustituido, sin embargo, demostrando una capacidad de adaptación envidiable y asombrosa, por el fuego de unos corazones ardientes con un poder de lucha admirable, que han transformado el derretimiento de las adversidades en una forma de existencia. Modo de vida, caracterizado por el enfrentamiento cotidiano contra la sed insatisfecha de oportunidades laborales y contra el hambre descontenta de servicios y prestaciones sociales. Necesidades, que a duras penas cubren rebuscando en los contenedores, en los que los supermercados políticos y económicos vierten a diario nuestros derechos civiles.

Trabajadores enfermos de precariedad laboral, infectados por un virus político neoliberal, mutante y reformista, y que siendo una especie en peligro de extinción han sufrido una profunda e involuntaria metamorfosis en parados, que empeorando paulatinamente han pasado de ser pacientes temporales a crónicos.

Población, que a efectos estadísticos se contabiliza como inactiva. Sin embargo estos datos demográficos son desmentidos por la realidad, que evidencia que no se trata de meros números, que componen un computo descriptivo, sino que son personas diligentes y dinámicas, con nombres y apellidos, que emplean todo su tiempo en apostar en una ruleta sus escasos recursos económicos, que invierten con asiduidad en desplazarse hasta el más lejano lugar donde brille la más insignificante y remota luz de esperanza, que revele la ínfima posibilidad de encontrar una ocupación laboral. Profesión remunerada con un salario mínimo, que impida, a cualquier precio, aunque sea aceptando incluso una paga mensual propia de un régimen laboral esclavista, que una aciaga jornada, que marcará el resto de su existencia de manera permanente, tenga que contemplar impotente cómo se desmorona su proyecto vital por culpa de un desahucio.

Desalojo de una vivienda, que constituye, junto con los efectos personales y los enseres domésticos, que contiene, los únicos bienes materiales disfrutados por algunas familias, que cohabitan rutinariamente con la fragilidad económica provocada por la insuficiencia de recursos monetarios. Sencillas posesiones tangibles que, aunque corroídas por el deterioro y la herrumbre, son de incalculable valor por su dimensión afectiva y sentimental y que constituyen el exclusivo legado acumulado, custodiado y dejado en herencia generacionalmente como un tesoro.

Mínima riqueza o máxima pobreza reunida con el sudor, que brota del incansable esfuerzo por defender el presente y conquistar el futuro, cosechada con innumerables desvelos y desgarradoras privaciones y que supone la esencia de un dulce sueño, que una mañana puede desvanecerse, mudado en una aterradora pesadilla, tras experimentar un amargo despertar. Inolvidable amanecer a un nefasto día, en el que abrimos lo ojos excitados, sobresaltados, por la voz de un crupier, que después de haber repartido cartas marcadas, entregando las mejores al prestamista usurero, anuncia:”Gana la banca”.

Pésima nueva proclamada por el funcionario de Justicia encargado de ejecutar el lanzamiento de una familia abocada al desarraigo, la ruptura y a ser consumida por la voracidad de la calle, que se comporta cual perro rabioso y famélico, que se alimentan de la adversidad y el desconsuelo ajeno devorando gradualmente el cuerpo y el alma del afectado por la ejecución hipotecaria, que en el exterior, sin el amparo de un hogar, es presa fácil para la lenta y angustiosa muerte social, física y psicológica. Situación ante cuya resistencia opositiva dependerá de su entereza psíquica de su fortaleza física y de su capacidad de transformación de unas condiciones hostiles, e incluso en ocasiones infrahumanas, en favorables.

EL CENTENAR DE LA PAH MURCIANA

PARTE II

Por desgracia, no nos queda más remedio que reconocer, haciendo honor a la verdad, que esta crítica y alarmante coyuntura socioeconómica que estamos padeciendo actualmente con su duración de más de un lustro y, según los pronósticos, que oscilan de realistas a negativos, podría alcanzar una década completa, si contamos el tiempo necesario para superar sus desastrosas consecuencias, está mermando paulatinamente las facultades físicas, mentales, y psicológicas de los perjudicados por la misma.

Damnificados, que ante la amenaza de desahucio, se transfiguran en candidatos, cabeza de lista, idóneos para concederse a sí mismo el golpe de gracia. Tiro, que le evite todo el sufrimiento anteriormente expuesto y que significa echar por la borda, desde un balcón a la nada, un plan de vida personal y familiar, empujados por una conspiración, fruto de la connivencia y la colaboración recíproca entre todas las potestades del régimen:

El poder legislativo que forjó el arma y la bala, aprobando un marco legal que beneficiaba a las entidades bancarias en perjuicio del usuario; el financiero, que cargó la pistola y la entregó al suicida, que acepto y firmó préstamos, que rayaban o excedían sus posibilidades y que con la crisis provocada por el capitalismo se han vuelto en su contra; y el judicial, que obligó a disparar el revólver a la inerme víctima, al efectuar la ejecución hipotecaria con presión coactiva.

Herramienta legal esgrimida por el agente judicial que la usa como argumento para arrojar a todos los miembros de una familia a la intemperie de la desprotección social sin ningún tipo de abrigo político y con una absoluta desnudez legal. Arma jurídica, que no legítima, que atenta contra los lógicos intereses de los afectados, respaldados por uno de los derechos fundamentales recogidos constitucionalmente en el capítulo dedicado a los económicos y sociales. Apartado, en cuyo artículo 47, se reconoce el acceso a una vivienda digna y adecuada como una facultad, de la que todo residente en nuestro país debería disfrutar tanto a nivel individual como familiar y de la que todas las personas deberían gozar o demandar con la misma exigencia de calidad y carácter de universalidad, que con el derecho a la Sanidad y Educación públicas.

Pero qué se entiende por una casa compatible con la dignidad humana y apta para cubrir sus carencias básicas. Sin la menor duda, una construcción compuesta por un conjunto de habitaciones que, por cantidad y características, reúnan los requisitos mínimos para dar respuesta a las necesidades primordiales y al perfil de los ocupantes.

Derecho a un hogar, que en la actualidad no se interpreta en un sentido restrictivo, como sinónimo de poseer un simple cobijo o refugio, cedido, alquilado o en propiedad. Sino que, por el contrario, una morada acorde con la condición humana, es concebida por El Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas, en su Observación General nº 4, como un espacio donde los individuos o las familias puedan vivir en seguridad, paz y dignidad.

Espacio vital, privado e inviolable, del que toda la población tanto nacional como inmigrante debería disfrutar, sin que se diera discriminación alguna, ni negativa, ni si quera la mal llamada positiva, que pudiera beneficiar a un colectivo en perjuicio del otro; puesto que ningún tipo de marginación debe ser jamás considerada positiva, ni mucho menos justificada, ni consentida por el hecho, de que favorezca a un segmento de la sociedad, si vulnera el principio de equidad sobre el que deben descansar y desarrollarse las relaciones entre los diferentes sectores poblacionales, que coexisten en el presente en nuestro país.

Posibilidad de optar a una vivienda asequible, de modo individual, que se convierte en una obligación cuando hablamos de una unidad esencial de la vida comunitaria, que incluye o tiene previsto incorporar a menores, que no debemos olvidar se trata de sujetos valorados como de especial protección en un estado supuestamente democrático y social como el español.

En un sistema hipotéticamente democrático como el nuestro, la soberanía reside teóricamente en el pueblo. Poder popular, que se otorgó a sí mismo una Constitución en vigor, ratificándola por mayoría y a la que como norma suprema del ordenamiento jurídico estamos sujetos los poderes públicos y los ciudadanos. Carta Magna, en virtud de la que una nación efectúa por medio del artículo 47 el mandato constitucional a la Administración Pública de definir y ejecutar las políticas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos a la hora de acceder a una vivienda digna y adecuada.

Obligación ineludible del poder político, con la que cumpliría promoviendo la normativa pertinente facilitadora y reguladora de dicho derecho. Legislación específica que por sí sola no es suficiente para dinamizar el mercado de la vivienda; sino que resulta imprescindible, que las personas o familias con recursos económico insuficientes cuenten con la cobertura de toda una serie de ayudas sociales que se materialicen bien por la vía directa de la concesión de subvenciones o bien por el cauce indirecto de la aplicación de beneficios tributarios, que permitan, al futuro usuario, la tenencia y conservación en perfecto estado de habitabilidad de una vivienda destinada a domicilio habitual y permanente en régimen de arrendamiento o hipotecario.

Pero la indefensión de toda la población de nuestro país es absoluta a la hora de denunciar, perseguir y condenar la desobediencia y deslealtad manifiesta y obstinada de los Poderes Públicos. Actitud corrupta, traidora y pertinaz, que evidencia la infidelidad crónica de un sistema con respecto a la base, la soberanía popular, sobre la que yace en paz y con la conciencia tranquila. Mal endémico, que se prolonga en el tiempo hasta eternizarse debido a que los culpables no demuestran el más leve indicio de remordimiento, ni por supuesto las más minúscula prueba de propósito de enmienda. Responsables políticos a los que la ciudadanía señala con el dedo como una de las especies de la fauna autóctona hispana depredadora de la democracia.

Jaurías, devoradoras del bienestar de un estado definido constitucionalmente como social y de derecho, cuyos cabecillas hipócrita y paradójicamente, tanto gobernantes como parlamentarios, juran o prometen al tomar posesión de su cargo acatar la Norma suprema vigente. Pero independientemente de la fórmula escogida por los dirigentes políticos españoles, la jura o la promesa, ambas permiten engordar las mayorías parlamentarias tanto de modo natural, respetando los resultados electorales o por el método artificial, por medio de pacto o coalición, o gobernar despóticamente para conculcar preceptos constitucionales.