La "indignidad" del Gobierno y la manipulación mediática.

El 22 de marzo, sábado, seguí de cerca la evolución de las Marchas de la Dignidad a través de distintos telediarios. No salí de mi asombro al comprobar que los informativos centraban toda su atención en los actos vandálicos de un reducido número de encapuchados y metían a todos los manifestantes en el mismo saco. Ante tal manipulación y falta de rigor, me preguntaba porqué no daban más detalles de la manifestación, qué fines perseguían y las razones por las que se había producido tal convocatoria nacional. Al mismo tiempo, si se condenaba la violencia de algunos manifestantes, ¿por qué no se ha identificado públicamente los nombres de los "violentos"? ¿Quiénes eran? ¿Qué pasó realmente?
Me resulta sospechoso que cada vez que los movimientos sociales salen a la calle para manifestar su malestar ante la situación política y económica del país, de pronto, aparezcan unos exaltados que revientan las manifestaciones. Las malas lenguas dicen que son mercenarios a sueldo de la propia policía o del Gobierno con el fin de difamar a los descontentos. Por contagio, son muchas las voces que, en los diferentes debates, no han dudado en utilizar términos peyorativos para referirse a los participantes de la manifestación. Según estas ilustres mentes privilegiadas, flor y nata de la intelectualidad, hablan con suma frivolidad de una presunta conspiración ultra-izquierdista liderada por el actor Willy Toledo. Maravillosa actuación de la Delegada del Gobierno de Madrid, la señora Cifuentes, quien mostraba con voz temblorosa algunas piedras ante las cámaras de televisión (¡a saber de dónde las sacó!) y su versión de los hechos, con especial énfasis en el número de policías heridos por los "violentos". Por vídeos testimoniales, se sabe que la actuación policial obedecía a un plan orquestado desde la Delegación del Gobierno, pues no había terminado la manifestación, cuando los agentes anti-disturbios cargaron contra los manifestantes. Se sabe también que tanto ella como el Ministerio del Interior han querido criminalizar a los manifestantes, y no contentos con eso, han preparado las provocaciones y los conflictos para reventar la manifestación. Al Gobierno de la Nación le ha venido muy bien la muerte del Presidente Súarez, así no tiene que realizar declaraciones ante los periodistas sobre el 22M y desvía la atención de la verdadera problemática. No falta la hipocresía en un funeral de Estado, donde la actual casta política se deshace en halagos por el difunto y su legado. "¡Qué gran presidente!" -dicen los demócratas-, "¡Qué gran político!" - dicen otros -. ¡Cuánta chusma protesta! -dicen los propietarios de la mayoría absoluta-. "Pues, nada, invadimos la televisión con especiales sobre el Presidente Súarez, ¡y tan contentos!". No me cabe la menor duda de que esta puti-casta política ha prostituido el gran pacto social que construyó el Presidente Suárez. Y para muestra, un botón. 

Esos "radicales de izquierdas", como fueron denominados por los voceros del Gobierno, reclamaron una solución para los desempleados, el fin de los recortes, una manera de hacer política más democrática, que los banqueros, autores de esta crisis, paguen sus crímenes con la cárcel, que todos los españoles tengan acceso a una vivienda digna, a una enseñanza y sanidad pública y de calidad... Y, de forma legítima, también mostraron su disconformidad hacia leyes como la reforma del aborto, el rechazo a las políticas antisociales de los Gobiernos de la Troika. La sociedad española no comprende el servilismo de nuestro Gobierno hacia las políticas de la Troika.  ¿Cómo tienen la desfachatez de querer implantar un salario mínimo de 600 € para jóvenes menores de 25 años? ¿Cómo se atreven a seguir manipulando con el argumento "o eso, o el desempleo"? Considero que muchos políticos confunden el mayoritario respaldo electoral con un cheque en blanco. Pero, no hay que olvidar que el Gobierno de la Nación ya quedó deslegitimado desde el mismo instante en que no cumplió con su programa electoral y engañó a todos los españoles. A esto, hay que añadir que la gestión del actual Gobierno de la Nación ha provocado una gran fisura social promovida por los distintos casos de corruptelas y por la ineficacia de las medidas tomadas. Si, además, este Gobierno está ciego y sordo ante el clamor de la ciudadanía, ¿cómo se atreve a mencionar esa legitimidad que le otorgaron las urnas? 

"Esto no es una crisis, es una estafa" - corean los manifestantes de las Mareas de la Dignidad -. Y no les falta razón. El sistema está enfermo, la desconfianza hacia las instituciones está más que justificada, ya que afecta desde la Jefatura del Estado hasta la misma articulación del Estado. La necesidad de romper con un régimen que ya no puede satisfacer las necesidades de la mayoría social es una realidad, porque, ante las graves deficiencias democráticas, ni siquiera puede garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, y, como contraste, se recurre a medidas represivas, incluido, el control de los medios de comunicación.

La dimisión del Presidente Rajoy debería ser inmediata ante su incapacidad de unir a todos los españoles en un proyecto político ilusionante, por su soberbia y sordera ante las necesidades reales de la ciudadanía, por un modelo económico-social diseñado no para el bien común, sino para unos pocos que manejan la riqueza del país y que busca la estratificación social, no la igualdad. Ni siquiera ha sido capaz de rebajar la silenciosa tensión social que está provocando el resurgimiento de facciones radicalizadas y de extremos. Por consiguiente, ante tal fracaso, está más que justificadas las quejas de las Mareas de la Dignidad y sus reclamaciones: "Pan, justicia, trabajo y dignidad". Otra democracia es posible.