EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, MÁXIMO DEFENSOR DEL PROGRESO SOCIAL

El asociacionismo en general y los activistas LGTB en particular de nuestro país, convocados el pasado 6 del corriente mes para celebrar la previsible resolución favorable del Tribunal Constitucional en la Puerta del Sol de la capital del reino continuamos recibiendo felicitaciones del movimiento internacional, que en todo el mundo defiende el derecho a la igualdad de la diversidad afectivosexual. 

Ese histórico día, en que el Alto Tribunal avaló la ley reguladora del matrimonio igualitario, rechazando la acción de inconstitucionalidad promovida por el sector más ultraconservador y reaccionario de la sociedad española, los defensores y simpatizantes con la causa LGTB de nuestra región se reunieron en Cartagena convocados por el Colectivo Galactyco con sede en esta ciudad. Lugar donde todos los asistentes a esta concentración de ciudadanos, congregados para aguardar esperanzados e ilusionados el fallo del Pleno del Tribunal Constitucional, recibieron con grandes muestras de alegría la noticia. La sentencia, que supone el reconocimiento de constitucionalidad de una ley reformadora del Código Civil, gracias a la cual desde que entró en vigor, el 3 de julio del 2005 hasta el presente año cerca de 25.000 parejas homosexuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se han casado en igualdad de condiciones respecto a los matrimonios heterosexuales. 

Dictamen emitido por el órgano constitucional, que ejerce la función de supremo intérprete de la Carta Magna de 1978, 37 días después de que el pretérito 30 de septiembre se cumpliera el séptimo aniversario de la interposición por parte del actual partido gobernante de una demanda de inconstitucionalidad bautizada como “el recurso de la vergüenza”. Medida tomada por una opción política, que expresó abiertamente su oposición al avance y a la equidad social, que garantizan las bodas entre personas del mismo sexo, desde que el PSOE llevando a cabo un ejercicio de honestidad y en coherencia con el listado de propuestas, con el que consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales del 2004, planteó los primeros debates parlamentarios, que condujeron a la posterior aprobación de la ley del matrimonio igualitario. 

Enfrentamiento activo de palabra y obra encabezado por una fuerza política, el Partido Popular, cuyos máximos dirigentes han asumido voluntariamente la misión de ejercer de “caudillos de una cruzada” contra las minorías sexuales, que lógica y justamente han perdido. Guerra abiertamente declarada por la equiparación legal, en cuanto a derechos y deberes, que supone la utilización del término jurídico matrimonio para hacer referencia a la unión civil de una pareja independientemente de que los contrayentes sean de igual o distinto sexo. 

Rechazo, que evidencia la sumisión de la franja más moderada del conservadurismo español, englobada dentro del PP a la facción más fanáticamente fundamentalista de la Jerarquía de la Iglesia Católica y a los elementos más representativos del ala más dura y tradicionalista de la extrema derecha camuflados de demócratas, integrados en una organización política, que desde sus orígenes ha pretendido aglutinar por completo a todo el amplio espectro político y segmento social más reaccionarios frente al progresismo democrático. 

Situación, que se ha perseguido ocultar externamente bajo una imagen irreal de unidad y cohesión interna intentando mantener una postura unánime y difundir un discurso unitario, que en el caso de la introducción del matrimonio homosexual en el ordenamiento jurídico español ha sido elaborado desde la moderación. Búsqueda de un frágil equilibrio entre dos posicionamientos antagónicos enfrentados, que rivalizan por llevar la voz cantante dentro del Partido Popular. Contrapeso difícil de lograr entre el sector de centro-derecha, que acepta sin la más mínima objeción la unión legal entre personas del mismo sexo, incluida su denominación de matrimonio y la ultraderecha más radical. Grupo de presión heredero ideológico del franquismo, que se opone de forma visceral a cualquier mejora social contraria a la más rancia tradición o a la moral católica. 

Confrontación, que demuestra una vez más el abismo existente entre los dos extremos contrapuestos. Polémica zanjada en falso con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, que implicó la sumisión del sector predominante moderado a las directrices de la corriente más extremista. Neofascismo cuyas voces de conciencia discrepantes con la modificación del Código Civil, que permite en España la celebración de bodas entre personas del mismo sexo, se intento tranquilizar con la presentación de la acción de inconstitucionalidad. 

Objetivo no logrado en absoluto durante los siete años siguientes a la toma de esta medida por obra y gracia de la Jerarquía Eclesiástica, especialmente de la Conferencia Episcopal, que no ha cejado en su empeño secular e inquisitorial decondenar y perseguir la homosexualidad. Comportamiento respaldado y alentado por las opiniones ofensivas de algunos de los miembros más destacados de un partido, el PP, que no sólo no ha censurado la actitud agresivamente homofóbica de sus representantes y de la Iglesia Católica, sino que además la ha propiciado con su silencio institucional. Complicidad, que ha posibilitado que esta organización no haya perdido la más mínima ocasión para aprovechar su elevado alcance mediático y eco social para invadir áreas profanas de rango civil, ajenas a sus obligaciones y competencias de carácter religioso, violando permanentemente la aconfesionalidad del Estado Español, proclamada constitucionalmente.

Intromisión imperdonable, que deja patente su prepotente y autoritaria pretensión de imponer a la mayoría de la población su restrictiva moral excediendo la esfera de influencia, que le corresponde, el de la vida de los creyentes que deciden voluntariamente someterse a unos preceptos religiosos privativos de la libertad individual y colectiva. 

Teniendo en cuenta el panorama anteriormente expuesto resultaba previsible, que los colectivos sociales enemigos acérrimos de la libertad sexual y de la diversidad familiar se iban a manifestar en rebeldía contra el veredicto del Alto Tribunal, renegando del espíritu que inspira el texto constitucional, a cuyos dictados propugnados como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad se ajusta la redacción de la normativa vigente que regula la unión entre personas del mismo sexo. Tal y como reconoce el órgano constitucional que ejerce la función de supremo intérprete de la Carta Magna Española de 1978 en una resolución histórica, en la que además se asevera que la ley del matrimonio homosexual no entraña contradicción alguna con los mandatos constitucionales. 

Afirmaciones contenidas en un fallo producido por el Alto Tribunal, que establece una doctrina de carácter vinculante, tal y como confirma el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha asegurado que el Gobierno acatara la sentencia, que ampara la unión de personas del mismo sexo como congruente con la concepción de matrimonio que recoge la Constitución en vigor y que por tanto no tocará ni una sola coma del marco legal impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Tajante y firme determinación, que marca el triunfo del progresismo en toda su extensión, desde el más moderado hasta el más avanzado, y que mantiene a nuestro país situado en la vanguardia de Occidente en cuanto a metas políticas y legales alcanzadas, destinadas a conseguir la plena equidad y justicia social. 

Articulo hecho por Luismi.L.R para :
DERECHOS Y LIBERTADES CIUDADANOS