LA REPRESIÓN POLICIAL ATENTA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

El pasado viernes, día 16 del actual mes, participe junto con otro gran número de acompañantes en la rueda de prensa ofrecida por Carlos Gorairis, uno de los miembros más activos de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de la Región de Murcia, que como todos sabréis fue víctima de una brutal paliza el 14-N, Jornada de la última Huelga General, propinada por tres agentes de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) de la Policía Nacional.

Acto reivindicativo, que tuvo lugar en los salones parroquiales contiguos a la Iglesia de Santa Rosa de Lima, sita en el barrio de los Rosales, perteneciente a la pedanía murciana de El Palmar y al que acudimos gran cantidad de activistas con el ánimo contrariado, pues difícilmente podremos olvidar la sucesión de hechos favorables y adversos acontecidos en el 14 N. Todos los presentes Asistimos además con el propósito de manifestar desde la cercanía, nuestro apoyo a Carlos y nuestra intención de luchar para que la agresión padecida por nuestro compañero no quede impune y confirmar nuestra permanente adhesión a la causa de la PAH.

      

Carlos recibió repetidas demostraciones de afecto, que culminaron en el momento en que uno tras otro, todos nos fundimos en un sentido abrazo, caluroso saludo al valiente camarada, que soportó estoicamente la bestialidad policial, evidencia visible de nuestro ardiente deseo de continuar unidos compartiendo con más ahínco, si cabe la lucha por desterrar la injusticia social.

El lugar elegido para denunciar el cruel linchamiento policial sufrido fue una de las dependencias eclesiásticas cedida, con la amabilidad y el compromiso social, que le caracterizan, por el conocido popularmente como “el cura Pepe Tornel”. Habitación de tamaño mediano, en la que se instalaron los recursos audiovisuales necesarios para proyectar las grabaciones efectuadas desde momentos previos a la carga policial hasta instantes después, que confirmaron las declaraciones del compañero Gorairis.

Espacio, que se acondicionó para dar cabida a la gran cantidad de medios de comunicación tanto de alcance regional como nacional, que se dieron cita para cubrir la noticia, debido al gran interés despertado por los incidentes provocados por la maniobra policial.

Atención mediática suscitada por la difusión con antelación de los videos, que demuestran que la operación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso de los antidisturbios de la Policía Nacional no merece otra consideración social y legal, que el de actuación criminal con los agravantes de premeditación y alevosía.

Por esta razón resulta de vital importancia, que todo el movimiento asociativo organizado, en particular la PAH, y toda la ciudadanía en general conscientes y hartos del prolongado e incesante atropello a nuestro derechos individuales y colectivos constitucionalmente garantizados y regulados por el ordenamiento jurídico en vigor, seamos consecuentes con nuestro deber de exigir y lo haremos que se investiguen, se juzguen, se sentencien y se condenen judicialmente unos hechos constitutivos de delito.

Prácticas policiales, que atentan gravemente contra el derecho de reunión y de manifestación y contra la libertad de expresión y de circulación de los ciudadanos en vía pública en los espacios reservados de forma permanente o autorizados temporalmente para tales fines

Comportamiento, que reviste una extraordinaria gravedad cuando hablamos del trato vejatorio y humillante, que supone la espiral de violencia policial desatada a primeras horas de la tarde del 14-N contra los tranquilos ocupantes, que se encontraban de paso o disfrutando serenamente del espacio público delante de el Corte Inglés principal. Zona destinada al ocio y a cultivar las relaciones interpersonales al aire libre y que por tanto no estaban interfiriendo en el normal funcionamiento de los servicios, que cubren las necesidades del resto de residentes o transeúntes.

Por tanto, sin lugar a dudas, la conclusión más obvia e irrebatible respecto a el caso de la embestida de las Fuerzas de Seguridad del Estado acometida la Jornada de la Huelga General, es que se trata de un ensañamiento policial con unos compañeros, en una circunstancia en la que la única motivación posible es el afán de revancha y la necesidad de dar rienda suelta al instinto depredador.

Pues en un momento determinado sin existir provocación alguna. Alteración del orden público, que lo justifique, unos simples y pacíficos ciudadanos por el mero hecho de haber sido anteriormente manifestantes, además con la misma característica de no violentos, se vieron convertidos en fáciles presas.

Trofeos, objeto de persecución de unos auténticos perros perfectamente adiestrados para rastrear y una vez localizados acosar, atrapar y abatir a íntegros e irreprochables ciudadanos, a los que obligaron a participar en un macabro juego en contra de su voluntad; vulnerando además, de forma agresiva, verbal y físicamente todos los derechos anteriormente expuestos.

Indefensas víctimas de una cacería perfectamente planificada y ordenada por el jefe de la unidad, el comisario superior de policía, al mando de un excesivo, sospechoso y costoso despliegue policial de los UPR, destinado a proteger los intereses y garantizar la seguridad de uno de los más faraónicos monumentos de la capital murciana. Templo consagrado a venerar a los tres grandes dioses, que rigen el destino de la sociedad actual, el capitalismo, el consumismo y el materialismo.

Integridad, que en ningún momento corrió el más mínimo peligro, ya que las vías de acceso al centro comercial en el instante, en el que se inicio y durante todo el tiempo, que duro el altercado originado por el atropello policial se hallaban cerradas, con las persianas metálicas bajadas. Estado fruto de la negociación pacífica con dos representantes del piquete de huelga, miembros de la PAH, que se adelantaron a una gestión tradicionalmente efectuada por los sindicatos oficialistas.

A pesar del cese de la actividad comercial, la entrada principal de el Corte Inglés, que se encuentra la Av. Libertad, 1 estuvo permanente, fuerte y estrechamente custodiada por un dispositivo policial, que de forma inesperada se transformaron en una banda de psicópatas bajo las ordenes de un cabecilla, que fue progresivamente alejándose del que era su objetivo inicial proteger el centro comercial para desvelar paulatinamente su plan real.

La verdadera intención de los desproporcionados e innecesarios efectivos policiales con respecto al centro comercial a resguardar, consistente en, con la excusa de desalojar ilegalmente la zona peatonal de la avenida, donde se encuentra emplazado, acorralar por sádica, inhumana y cobarde diversión a un reducido grupo de pacíficos ciudadanos, aprovechándose de su situación de indefensión e impotencia. Y cuyas únicas actividades supuestamente constitutivas de amenaza o atentatorias contra el orden público radicaban en dialogar para decidir dónde iban a comer y en conversar sobre cómo organizarse para asistir a la manifestación a celebrar por la tarde, convocada por las fuerzas sindicales mayoritarias.

Hablando de estos temas estaba Carlos Gorairis con sus acompañantes cuando empezaron todos a sentir la presión y posterior asalto policial. Operativo desarrollado por los antidisturbios de forma coordinada y extremadamente vandálica, realizado valiéndose de su superioridad numérica y escudándose en el anonimato y la impunidad, que les proporciona la ausencia de placa identificativa y de medios de comunicación.

De este modo, sin poder hacer nada para impedirlo, los indefensos asediados se vieron desbordados por la fuerza imparable de una avalancha de implacables y violentos agentes de la UPR. Funcionarios dependientes del Ministerio del Interior, que desde que comenzaron su delictivo e indiscriminado ataque respondieron ante las protestas, quejas y lamentos proferidos por los inermes viandantes con un prolongado maltrato policial perpetrado mediante sonoros y contundentes golpes de porra, empujones, ofensas e insultos

Abuso de autoridad generalizado, que se precipito sin la más mínima consideración incluso sobre una joven con muletas, que a pesar de su movilidad reducida, fue forzada a cambiar el sentido de la marcha y obligada a seguir el ritmo impuesto a base de empellones por unos barbaros uniformados de azul tan oscuro como sus pretensiones sobre un grupo de paseantes, que cuando se vinieron a dar cuenta se encontraban cercados por una manada de fieras salvajes, que bloquearon las dos entradas de la calle Bando de la Huerta convirtiéndola en un callejón sin salida

Trampa mortal en la que cayó nuestro compañero junto con un grupo de inocentes e inofensivos peatones selectivamente escogidos para dar un escarmiento, que se buscaba fuera ejemplarizante, del que hay varios testigos dispuestos a declarar imparcialmente sobre la realidad de la vergonzosa acción criminal de los Cuerpos de Seguridad del Estado

Honestos ciudadanos, supuestamente elegidos al azar, ajenos al motivo de la venganza policial, que casi le cuesta la vida de uno de sus ojos a Carlos, el izquierdo, como consecuencia de los múltiples golpes resistidos con una dignidad admirable. Un mínimo de diez impactos, contabilizados gracias a la estabilización y aumento de las imágenes recogidas por un vecino anónimo, consciente de la gravedad y transcendencia de los sucesos grabados.

Video, que permite perfectamente comprobar que la fractura del hueso del pómulo izquierdo y el resto de contusione y heridas y fueron producidas por las agresiones perpetradas por varios agentes que alternativamente escogieron el cuerpo de Carlos para convertirlo en diana de su deshonrosa e irracional ira.

Trágico y siniestro pasatiempo, del que sus propios compañeros quieren culpabilizar a un único agente, utilizando la estratagema del cabeza de turco y haciendo gala de un denigrante e inmoral corporativismo y delictiva complicidad, que patentiza la carencia del más ínfimo grado de ética profesional.

Maquiavélica, falta de principios, que deben inspirar la labor policial, dispuesta a sacrificar a una víctima propiciatoria para acallar la presunta sed de venganza de la indignada ciudadanía murciana; pero el ajuste de cuentas, la vendetta, y el resto de tácticas mafiosas se las dejamos al Cuerpo Nacional de Policía y a sus máximos responsables policiales y políticos.

Nosotros lo que queremos es justicia y continuaremos exigiendo la identificación y la suspensión definitiva de empleo y sueldo impuesta por sanción administrativa de los tres autores de las agresiones sufridas por el compañero Carlos Gorairis. Ya que desde la PAH consideramos suficientemente probados los actos vandálicos denunciados, por lo que reclamamos además que se haga efectiva la inmediata suspensión de funciones de todos los miembros de la UPR implicados en la intolerable conducta criminal llevada a cabo el 14- N por estos funcionarios policiales.

Demandamos también por último, que los tres agentes, que apalearon brutalmente a Carlos, sean formalmente acusados por la fiscalía correspondiente, que deberá obrar de oficio y posteriormente enjuiciados por la vía penal. Procesamiento, del que esperamos como mínimo concluya con una sentencia condenatoria, que les inhabilite con carácter vitalicio para el desempeño de oficio alguno en la administración pública. A parte de que les sea impuesta la máxima pena con carácter ejemplarizante correspondiente a la intervención criminal perpetrada el día de autos, que con los agravantes de premeditación, alevosía y abuso de autoridad vulnera los derechos inalienables garantizados por la Constitución Española en vigor y por la Carta de los Derechos Humanos promulgada por las Naciones Unidas.

Exigimos además la depuración de responsabilidades, que conduzca a la destitución del Delegado del gobierno y del Jefe Superior de Policía, en caso de que se muestren reticentes a entregar su dimisión con carácter inmediato e irrevocable, como máximos responsables de una escalada de violenta represión policial. Estrategia institucional, que ya se ha cobrado varias víctimas y cuyo más cercano y grave precedente lo hallamos en el caso del joven de diecisiete años, que actualmente se está recuperando de las secuelas del estado de sitio posterior a la manifestación del 29 s. Toque de queda, que propicio que los antidisturbios desataran una espiral de violencia, que nos retrotrae a los tiempos de la dictadura o a los primeros años de la transición, años en los que la democracia aun no estaba plenamente asentada.