El próximo 25 del presente mes los españoles estamos llamados a manifestarnos en Madrid alrededor del palacio de las Cortes. Jornada de protesta, que desde que fue anunciada se conoce como el 25A. Nueva cita con la historia, gracias a la cual la ciudadanía indignada dispondremos de una nueva ocasión para Asediar y liberar definitivamente del Congreso de los Diputados.
Órgano constitucional, cuya Comisión de Economía acaba de dar el visto bueno y remitir al Senado para su aprobación definitiva el proyecto de Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios, con el que el gobierno pretende reestructurar las deudas hipotecarias y el alquiler social.
Situación, que supone una flagrante traición a la voluntad popular manifestada por medio de 1.500.000 de firmas, que avalan la Proposición de ley presentada el 30 de marzo de 2011 a favor de la regulación de la dación en pago, de la paralización de los desahucios y del alquiler social.
Una vez más poder ejecutivo y el legislativo se oponen a cumplir con el mandato de la soberanía popular expresado a través de un cauce amparado constitucionalmente, la democracia participativa, que una vez más es insultada, denigrada y aplastada por su hermana gemela, la democracia representativa, que habiendo nacido al mismo tiempo, considera que es mayor porque puede ejercer su derecho a ser elegida y a votar cada cuatro años. Periodo cuatrienal, durante el que la primera es a pesar de tener la misma madurez que la segunda es sometida, castigada y reprimida por su propio bienestar en el presente y prosperidad en el futuro por la democracia representativa con el apoyo, bendición y amparo de un Estado, que peca de paternalista y autoritarista, y que protege y se identifica plenamente con esta hija, mientras trata a las otras dos, la participativa y a la directa como a bastardas.
De las cuales, la última, siendo fruto de un primer matrimonio con una mujer de origen grecorromano, la Antigüedad Clásica, ha sido desterrada a un lugar tan lejano como aquel, en el que nació, Atenas, actual capital de Grecia. País, cuyas elites dirigentes padecen el síndrome de la democratofobia, o lo que es lo mismo un rechazo visceral a ese sistema de gobierno, del que reniegan en su modalidad más pura, es decir, directa, a pesar de haber sido sus antepasados los creadores; pero que aceptan en la representativa, como la vía a través de la cual acceden al poder ejecutivo y a la facultad legislativa. Potestades, que le permiten imponer las políticas dictadas por el nacionalcapitalismo alemán, que somete y anula las soberanías nacionales, convirtiéndolas en democracias tuteladas, o lo que es lo mismo en colonias sujetas al dominio y explotación del imperialismo económico germánico.
Ante esta repulsa sentida secularmente por esta forma de gobierno en su vertiente más pura, que pervive incluso en los Estados occidentales, que presumen del mayor grado de fortaleza e integridad democrática, no le ha quedado más remedio que repudiada y perseguida, incluso en su propia país de origen, o en el mejor de los casos, ignorada, permanecer oculta desde su última aparición en el periodo clásico durante la República romana hasta la era moderna. Época de renacimiento de la democracia directa, en la que se produce un proceso de búsqueda y aproximación a este modo asambleario de toma de decisiones, a nivel federal y local, iniciado en las ciudades de Suiza a partir de 1847.
Durante todo este extenso espacio de tiempo, desde la muerte de Julio César en el año 44 a. C. hasta mediados del siglo XIX, cubierto por la más absoluta oscuridad, impuesta por el autoritarismo del Antiguo Régimen, surgen algunos movimientos progresistas, rescatadores del ideal democrático surgido en Atenas alrededor del año 500 a. C. Adelantados a su tiempo, que han encendido algunas luminarias, que pueden servirnos de guía en la actualidad a la hora de descubrir el camino a seguir hacia la instauración de una autentica democracia.
Numerosas iniciativas, que favorecían la participación directa de la ciudadanía, de las cuales resulta imprescindible destacar, como las más relevantes por su trascendencia histórica, a pesar de su breve duración: la creación del Althing (Alþingi) o "Asamblea de Hombres Libres" en la Mancomunidad Islandesa del siglo X; los Usatges de Cataluña en el siglo XI, que cristalizaron en el primer código jurídico-constitucional de la historia, bajo el reinado de Ramón Berenguer IV; y, por último, los "parlamentos" creados durante el reinado de Eduardo I en la Inglaterra del siglo XIII, donde principia a gestarse el concepto de separación de poderes.
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