I. INTRODUCCION
En estas circunstancias actuales, en que tanta polémica suscita el tema de la privatización de la sanidad conviene hacer memoria sobre el origen de la controversia suscitada por esta cuestión. Y para ello tenemos que remontarnos atrás en el tiempo hasta llegar a una fecha clave en la historia más reciente de nuestro país, el 6 de diciembre de 1978. Fecha histórica en la que el pueblo español refrendo mayoritariamente la Carta Magna.
Resulta, por lo tanto, necesario hacer hincapié, en que ese mismo día del presente año, no es sólo el momento, en el que iniciamos el puente prenavideño más esperado y popular del año. Unas mini-vacaciones, en las que disfrutan, los que se lo puedan permitir, de un necesario y relajado espacio temporal destinado al despreocupado descanso laboral, sino que conviene recordar, que es además la jornada en la que celebramos el trigésimo cuarto cumpleaños de una Señora, a la que todos los demócratas veneramos. Devotos de una Dama, la Inmaculada Constitución, que ha dado nombre a un puente y origen a una corriente de pensamiento. Un movimiento social, cuya motivación transciende más allá del campo de la filosofía política, hasta el punto de haberse convertido, hoy en día en España, en una religión, el constitucionalismo, que cuenta, como toda doctrina religiosa, que presuma de serlo, con más de una rama.
En el caso concreto de la nación española, el tronco de la fe constitucionalista cuenta con dos ramificaciones, de las cuales, una sería la que podríamos calificar como conservacionista y la otra bifurcación, la que recibiría el apelativo de reformista. Pero estas dos vertientes tienen, sin lugar a dudas, un común denominador, la defensa a ultranza del derecho a la salud de todos los ciudadanos, tal y como reconoce explícitamente la norma suprema del ordenamiento jurídico del Estado Español. Texto constitucional en vigor, que recuerda además la obligación de los poderes públicos de garantizar este derecho.
Pero algunos políticos progresistas, se han atrevido a ir más allá y coincidiendo con la festividad del 6 de diciembre, conscientes de la urgente necesidad de preservar la sanidad de los ataques, a los que está siendo sometida últimamente, han aprovechado esa jornada de conmemoración para proponer que este derecho pase a engrosar el catálogo de los valorados como fundamentales.
Aspiración de la izquierda más avanzada, que se concreta con la demanda, de que el derecho a la sanidad quede contemplado en el artículo 27 de la Carta Magna, dedicado a la educación. Reforma, que permitiría que ambos pilares básicos de la sociedad del bienestar pasaran a ser equiparados en cuanto a relevancia, gozando teóricamente del mismo nivel de protección.
Esta actualización de la Ley Suprema pondría supuestamente al alcance del ciudadano de a pie un instrumento eficaz para poder exigir a los poderes públicos, que garanticen el acceso universal, gratuito y en igualdad de condiciones a la sanidad.
II. EL ORIGEN DEL MAL
El primer gran paso hacia el nivel de mercantilización, que padecen los sistemas públicos de salud hoy en día, en las diferentes comunidades autónomas lo dieron cogidos de la mano los dos principales partidos con opción a gobernar, investigando en el laboratorio de la sanidad pública diferentes fórmulas de flexibilización y autonomía de la gestión sanitaria. Necesidad, que por aquel entonces era considerada ineludible con vistas a mejorar la eficacia del Sistema Nacional de Salud, cuya consolidación y modernización se había convertido en objetivo prioritario para la clase política de nuestro país.
Por lo que podemos afirmar sin lugar a dudas, que el caldo de cultivo legal contaminado propicio para que la sanidad pública se infectara del virus mortal de la privatización lo principiaron a crear conjuntamente los dos partidos mayoritarios cuando empezaron a manipular el contenido del cultivo de forma maliciosa e intencionada, alterando la naturaleza de un elemento fundamental de su composición. Adulteración, que tuvo como consecuencia la mutación genética de un texto legal, el Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio. Norma jurídica, que nació con rango de reglamento, “parida” por el poder ejecutivo para la habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud y que se transformó fruto de una corrupta conspiración en una norma de rango superior dictada por el poder legislativo sobre la misma materia.
De esta forma tan siniestra fue concebida esta amorfa criatura, la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que introduce con rango de ley, por primera vez en el marco legislativo español en vigor, la posibilidad de que los servicios sanitarios sean prestados por instituciones jurídicas distintas al propio Estado
Peligroso espécimen legal, de alto riesgo para el indefenso ciudadano, fugado del centro público de experimentación política, en que se ha convertido el Parlamento bicameral español y que es hijo del contubernio confabulatorio y antidemocrático entre el partido gobernante en aquel entonces, el PP y la principal fuerza política de la oposición, el PSOE.
Esta reforma legal transformará progresivamente la sanidad pública en un negocio, en el que el beneficio económico prime por encima de la calidad del servicio prestado. Tumor maligno, llamado privatización, que se reproduce rápidamente y cuya avanzada metástasis favorecida por la crisis financiera y la tesis del neoliberalismo imperante amenaza con ser irreversible y acabar devorando el sistema público de salud.
III. LA GESTACION DEL MAL: EL PRINCIPIO
La Comunidad Autónoma Valenciana, discípula aventajada dentro del movimiento filosófico, defensor del Estado del Bienpagar, que es la antítesis absolutamente opuesta a la teoría del Estado del Bienestar, fue la primera en el marco de la corriente de pensamiento ideológico, cuya máxima es “ privatizar para sanear”, en pasar de la teoría a la práctica en el terreno de la Sanidad.
De este modo La Generalitat Valenciana se convirtió en la precursora de la paulatina destrucción de un sistema de organización política, según el cual el Estado provee los servicios, prestaciones o garantías sociales básicos a la totalidad de los habitantes del país, financiados mediante una fiscalidad supuestamente justa, es decir teóricamente progresiva y solidaria. Empeño demoledor del Estado Providencia encauzado a lograr el objetivo final de construir sobre sus sólidos cimientos un modelo de acceso privado a los derechos recogidos en el texto constitucional, cuya protección y desarrollo es encomendando a los poderes públicos.
La primera víctima silenciosa e indefensa del maltrato administrativo, o lo que es lo mismo, de esta estrategia de privatización iniciada por el máximo órgano de gobierno del País Valenciano fue el “Servei Valencià de Salut”. Proceso iniciado mediante una táctica de deterioro corrosiva, que se narra en una historia trágica, que cuenta de momento con tres episodios y de la que de momento sólo se han completado los dos primeros y principiado a escribir el tercero
Relato, cuyo origen se pierde en la noche oscura del tiempo político. Época de la más reciente etapa de hipotética democracia, de nefasto recuerdo y dramáticas consecuencias, en la que empezó a colocarse o a permitirse permanecer en puestos de responsabilidad administrativa, al frente de la sanidad pública, a gestores notables por su incompetencia, absolutamente ignorantes e inexpertos por falta de la formación o experiencia imprescindibles en la materia y carentes del más mínimo interés por adquirirla; o en el mejor de los casos ineficientes o negligentes en el desempeño del cargo. Irresponsables necios e ineptos, que ni siquiera poseían las cualidades humanas indispensables como son honestidad, esfuerzo y diligencia, que asumían obligaciones del más alto nivel en el gobierno de la administración sanitaria y hospitalaria, convocados a través de tres tipos de oposición, el enchufismo, el amiguismo y el clientelismo y s aprobados no por meritocracia sino por digitocracia, es decir, a dedo.
Elección selectiva efectuada por una oligarquía política, que ejerce el poder haciendo gala de un comportamiento completamente nepótico y corrupto. Favoritismo, que se define como una actitud diametralmente opuesta y aniquiladora del ideal democrático, que postula la promoción interna y el acceso, en igualdad real de condiciones y oportunidades a las funciones y cargos públicos, que componen de forma jerarquizada la carrera administrativa.
Epidemia de termitas disciplinadas, que se identifican por estar dotadas del estomago más agradecido de cuantas especies, caracterizadas por una voracidad ambiciosa e insaciable, pululan y se multiplican dentro de la fauna social, nutriéndose de la descomposición democrática, que genera la corrupción política.
Plaga de individuos chupópteros, cuya conservación y proliferación sirve a la indecente y decadente casta política dominante para asegurar la consecución de; por una parte este género de insectos parásitos posee la inducible y viciosa habilidad de mutar en un ejército de manos obedientes a la voz de su caudillo político.
Líder, cuya continuidad y hegemonía al frente del poder estatal, local y autonómico descansa y se mantiene firme, sin ni siquiera estremecerse, bajo las tres columnas graníticas sólidas y deslumbrantes como el diamante, que sostienen el templo dedicado a una omnipotente divinidad, que rige tiránica y cotidianamente los destinos de la ciudadanía, el Júpiter moderno, conocido en la actualidad como Potestad Ejecutiva y llamado comúnmente autoritarismo gubernamental.
Sede templaria atacada y consumida por la erosión, que provoca el desprestigio de la corrompible, ambiciosa y elitista clase política imperante en nuestro país y cuyo peso es soportado por tres pilares marmóreos y resistentes, que han evitado, que se haya derrumbado reduciéndose a polvo.
Estos tres baluartes, que los perpetúan en el poder hasta el punto de transformarlos en fortalezas prácticamente inexpugnables son: El primero, el rapto cuatrienal de la soberanía popular, vendiéndola al mejor postor capitalista y esclavista. El segundo, el fraude plebiscitario, del que el ciudadano va a ser víctima independientemente de la opción política, a la que vaya dirigido nuestro voto, cometido por incumplimiento del contrato electoral refrendado mayoritariamente.
Y llegamos por fin al tercero y último, el soborno electoral, que supone asegurarse el resultado favorable de unos comicios, mediante la compra de voluntades a cambio de la concesión arbitraria de contratos y adjudicaciones excesiva y sospechosamente lucrativos en proporción al beneficio social, que producen y del reparto abusivo y despótico de cargos de naturaleza electiva, política y de confianza en la administración pública, caracterizados por sus altos honorarios y su baja e injustificada exigencia de profesionalidad y esfuerzo laboral.
Esta actuación populista y degenerativa del frágil ecosistema democrático, consecuencia de la rápida y alarmante propagación de una dañina raza de alimañas políticas depredadoras, que se alimentan del infortunio o la ambición de los que se encuentran en un nivel inferior de la pirámide trófica de la supervivencia social, es sin lugar a dudas una astuta y manipuladora cetrería política, diseñada por los ideólogos, que adiestran doctrinariamente para el acecho y la captura del poder.
Captación de voluntarias y conscientes presas, que libremente o cautivas de circunstancias adversas aceptan ser reclutadas para engrosar las filas de una secta de funcionarios buracratizados y desalmados. Insidiosa y pertinaz infección de carcoma, que introducida por la mano inductora y cómplice del hombre de guante y cuello blanco anida en las rendijas y galerías perforadas por su predecesores y que cuando eclosiona coloniza la estructura interna de la administración pública devorando sus entrañas con su negligente y ocioso comportamiento.
Se trata sin la menor duda de una estratagema, que ha consumado a lo largo de los años un siniestro y maquiavélico plan político oculto, que constituye la otra parte del doble y deshonesto objetivo perseguido con la declaración de especie protegida de las desidiosas termitas zánganas y la preservación de las condiciones optimas para su reproducción y desarrollo de su insana y perjudicial actividad
Finalidad, que en la actualidad ha resultado ser patética y dolorosamente manifiesta debido a sus visibles consecuencias: convertir un sistema público de salud, que era valorado como uno de los mejores del mundo en un modelo de dilapidación de recursos o en el peor de los casos en un agujero sin fondo por culpa de la malversación de fondos públicos. Despilfarro y fraude mantenidos mediante la prolongada ausencia de una planificación y supervisión racional en cuanto a la inversión de la financiación concedida en los sucesivos repartos presupuestarios.
Sirva como ejemplo, de lo anteriormente expuesto, sin ir más lejos la noticia, que saltó a la palestra informativa a finales de junio del corriente, en la que se nos comunicaba la dimisión de Josep Prat, presidente del consejo de administración del Instituto Catalán de la Salud (ICS). Decisión tomada semanas después de estar en el centro de la polémica por sus vinculaciones con casos de supuesta corrupción en la sanidad pública. El presidente del ICS deja su cargo, tras ser denunciado por presunta malversación de fondos públicos, llevada a cabo bajo su dirección del holding sanitario Innova, para esclarecer el destino de al menos 600.000 €. El gestor de la Sanidad pública catalana, que goza de una larga trayectoria de acusaciones a sus espaldas, había presentado ya con antelación en enero de este año su renuncia como consejero delegado del Grupo Sanitario USP Hospitales y como director general grupo Innova. Ambos abandonos voluntarios salieron a la luz tras la denuncia formulada por la CUP ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presunta "prevaricación continuada" en el desempeño de sus múltiples responsabilidades al frente de empresas tanto del sector público como privado.
